El argumento esgrimido para impulsar la reforma constitucional ha sido el de la crisis económica y la necesidad de enviar mensajes a los mercados. Sin embargo, a nadie puede escapársele el hecho de que una reforma constitucional, más si cabe en España, trasciende el hecho coyuntural del techo de gasto de las administraciones públicas. Hay otros aspectos de la Carta Magna, y no poco importantes, que deben ser abordados y debatidos y que llevan muchos años de espera por la sencilla razón de que no parecen suscitar, de momento, un nivel de consenso equivalente, en cuanto al número y la representatividad, al de 1978.
Este es el contexto en el que dos partidos, PP y PSOE, han decidido pactar una reforma tramitada por vía de urgencia y sin referéndum, imposibilitando de este modo que la ciudadanía se pronuncie y muestre el grado de apoyo que la misma tiene a nivel de todo el Estado y también, no hay que olvidarlo, en las diferentes Comunidades que componen el Estado español.
Contemplada hacia el exterior, la reforma pactada por PP y PSOE puede transmitir una imagen de firmeza, de un gran pacto entre los dos grandes partidos estatales (siguiendo el ejemplo alemán), representantes de la gran mayoría de los españoles. Sin embargo, contemplada hacia el interior, la reforma supone, como se ha dicho, una quiebra del pacto y consenso constitucionales. Es cierto que PP y PSOE representan sobradamente la mayoría cualificada que legalmente es necesaria para impulsar una reforma constitucional, pero no lo es menos que la configuración territorial y política que estableció la Constitución y que están en la base misma del pacto constitucional reclaman un acuerdo que trascienda Madrid y que integre otras sensibilidades que están presentes y que son mayoritarias en las naciones o nacionalidades que reconoce la propia Carta Magna.
En este sentido, la escenificación del pacto alcanzado por PP y PSOE es muy importante y representa un giro con respecto a la postura mantenida hasta este momento, ya que ellos se han erigido en garantes e intérpretes de la voluntad nacional, excluyendo deliberadamente al resto de fuerzas políticas, emplazándolos a sumarse o no en un segundo momento, una vez que ellos hubieran fijado la ortodoxia del interés general, la voz del sujeto político, del sujeto constitucional. El mensaje a las nacionalidades recogidas en la Constitución, y cuya participación hasta ahora en cualquier reforma constitucional se hacía necesaria, es rotundo.
Siendo así, es importante reflexionar sobre lo ocurrido desde la perspectiva de los territorios forales y, concretamente, desde Navarra, teniendo en cuenta su autonomía fiscal y su régimen foral, ya que, curiosamente, UPN ha sido la única fuerza que se ha sumado al pacto. La postura oficial de Unión del Pueblo Navarro hasta ahora había sido la defensa de la necesidad de pacto entre el Estado y Navarra para cualquier aspecto que afectara a la Comunidad Foral. Sin embargo, este pacto no se ha dado, no ya a nivel jurídico, sino ni tan siquiera a nivel político. Navarra no ha sido ni atendida ni escuchada en ese pacto entre PP y PSOE a pesar de tener un régimen fiscal propio garantizado por el Convenio Económico y el Amejoramiento del Fuero y por la propia Disposición Adicional Primera de la Constitución. El voto favorable de UPN en el Congreso no puede ser entendido como una incorporación voluntaria de Navarra al nuevo pacto constitucional, ni tan siquiera aunque UPN haya cometido la torpeza, como tantas veces, de creer que es la única y verdadera voz de Navarra.
¿Cómo puede, por tanto, entenderse el apoyo de UPN a esta reforma constitucional que, en otras circunstancias, habría sido catalogada como un contrafuero y una injerencia en la autonomía navarra? El apoyo de UPN representa un espaldarazo a la España Uniforme, tan innecesario numéricamente como clarificador de su concepción de la relación de Navarra con el Estado. UPN está preparando el camino de un futuro entendimiento con el PP cuando los populares ganen las elecciones del 20-N y los regionalistas necesiten de Madrid, gobernado no por los socialistas, sino por los populares. UPN, por tanto, ha apoyado una reforma constitucional que afecta seriamente a la autonomía fiscal y foral de Navarra por intereses puramente partidistas. UPN, en definitiva, vuelve a demostrarnos que sigue pensando en Navarra no como sujeto, sino como objeto.
Es, por otro lado, llamativo el silencio de los regionalistas, populares y socialistas navarros ante una reforma constitucional que afecta seriamente a Navarra y a un régimen foral que afirman defender. Es curioso ver cómo la única voz que se ha podido escuchar en defensa del Convenio Económico y de la autonomía fiscal navarra ha sido la de Uxue Barkos, la de Nafarroa Bai. La única voz que ha reivindicado a Navarra como Sujeto político, y la única voz que ha calificado el proceso como “contrafuero”. Y es curioso precisamente porque el gran argumento regionalista a la hora de justificar el pacto entre UPN y PSN ha sido siempre el de evitar que los nacionalistas llegaran al poder porque ello supondría el final del régimen foral navarro.
UPN, que nació pidiendo el NO a la Constitución, ha sido, sorprendentemente, la única fuerza que ha apoyado una reforma pactada sólo por PSOE y PP, conformando un nuevo consenso constitucional de lo más particular. Y lo ha hecho, olvidándose de defender el Convenio y, en definitiva, el régimen foral navarro.
Koldo Martínez, miembro de Zabaltzen. Publicado en DN
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